En tan sólo dos años de existencia, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado por decreto presidencial en enero de 2019, acumuló extravíos de dinero público por más de 9 mil millones de pesos, de acuerdo con las revisiones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF). Derivado de dos auditorias practicadas por la ASF, de los años 2019 y 2020, Segalmex tiene cuentas pendientes por 9 mil 36 millones de pesos, entre solicitudes de aclaración y señalamientos por presuntos desfalcos al erario.
Durante esos dos años, dicho organismo sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que conjuntó a Diconsa y Liconsa, estuvo encabezado por Ignacio Ovalle Fernández, un viejo político priista que en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari se desempeñó como titular de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocido como Conasupo.
Te recomendamos: “Estudié en escuelas privadas por un tío, pero hacíamos la despensa en Conasupo”: Carlos de la Fuente Los 9 mil millones de pesos que a la fecha están extraviados y de los que la ASF no tiene rastro equivalen el presupuesto federal que Segalmex ejerció en 2019, su primer año de existencia, cuando gastó 9 mil 463 millones de pesos que le fueron asignados extemporáneamente, pues no se le consideró durante la elaboración del presupuesto 2019. Su creación, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo como objetivo favorecer la productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio de la población más rezagada del país.
Segalmex opera el programa “Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos”, cuyo objeto es incrementar el ingreso de los pequeños productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche para contribuir a mejorar su nivel de vida.
Pero más allá de lograr su objetivo, Segalmex se ha dado a conocer por las irregularidades que le han señalado diferentes autoridades. En su breve existencia, el organismo ya enfrenta al menos una denuncia penal por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP), que la acusó en enero de 2022, por “posibles irregularidades cometidas por servidores públicos” en el uso de recursos para los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021, lo que derivó en la destitución de tres funcionarios.
En julio del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) comenzó una investigación al interior del organismo por compras simuladas, desvío de subsidios, asignaciones directas a empresas fantasmas y faltantes en inventarios que ascienden a millones de pesos.
En marzo de este año, la auditora Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Claudia María Bazúa Witte, adelantó que presentaría denuncias en su contra. Sin embargo, hasta ahora, la ASF no ha reportado la presentación de ninguna denuncia.
Monto en duda De los 9 mil millones de pesos hasta ahora extraviados en Segalmex, 2 mil 31 millones se consideran ya un probable daño patrimonial y que deben ser recuperados, mientras que los 7 mil 5 millones de pesos restantes todavía pueden ser aclarados. De entre el monto de 2 mil 31 millones perdidos, destaca un monto por 909.9 millones de pesos por incumplimientos de contratos de prestación de servicios que sí fueron pagados.
En tanto, de los más de 7 mil millones con posibilidad de ser aclarados todavía, destaca el caso de 2 mil 854 millones 656 mil 841.17 pesos, por irregularidades como la inexistencia de las boletas de recepción y liquidación de los productores, en las que se acredite la entrada de grano a los centros de acopio ni evidencia de las transferencias bancarias que acreditaran el pago de esos granos. Además, no se acreditó con la documentación soporte el cálculo aplicado entre el precio de referencia y el precio de garantía, para determinar el diferencial de los subsidios otorgados a diferentes productores.
Otros mil 445 millones de pesos también están pendientes por aclarar y demostrar que corresponden efectivamente a los más de 520 millones de litros captados a pequeños y medianos productores de leche. Del dinero pendiente por recuperar o aclarar, también destaca que no hay documentación comprobatoria de mil 496.2 millones de pesos que acrediten la existencia física de inventarios de maíz y frijol.
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