La lucha emprendida por el Gobierno para poner fin a la toma de las casetas de peaje añade este martes medidas punitivas que incluyen hasta siete años de cárcel para aquellos que bloqueen las autopistas con fines de lucro. La reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación emprendida por diputados de Morena y del PAN se ha aprobado en la Cámara baja con 344 votos a favor. A pesar de ser un asunto en el que todo el mundo parece estar de acuerdo, la medida no ha estado exenta de polémica incluso entre los diputados de Morena, quienes consideran que no es propio de este Gobierno tomar acciones sancionadoras contra grupos que, en ocasiones, plantean luchas legítimas. Se refieren a campesinos, maestros o comunidades indígenas, quienes tradicionalmente han usado esta forma de protesta para defender sus intereses. Algunos legisladores instarán al presidente Andrés Manuel López Obrador a que vete la medida.
Las sanciones prevén multas “de 100 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”, así como penas de cárcel de tres meses a siete años de prisión”. A mediados de octubre, las acciones policiales desplegadas por el Gobierno para impedir la toma de casetas donde se pedía dinero o se extorsionaba a los conductores, habían evitado la pérdida de 7.700 millones de pesos. En ocasiones, la liberación terminaba cuando las fuerzas de seguridad relajaban la vigilancia. Ahora se ha optado por medidas más contundentes, también para quienes efectúen destrozos en las comunicaciones y bloqueen transportes de pasajeros o mercancías que viajan en ferrocarril, otra práctica corriente que ocasiona numerosas pérdidas.
El paisaje de las casetas tomadas era habitual por todo el territorio. Durante mucho tiempo contó con la complicidad de los viajeros, que pagaban una cuota menor que la oficial a estos grupos de presión. En los últimos meses, espoleados por la crisis, el abono voluntario se había convertido en extorsión para recaudar buenas sumas de dinero en apenas unas horas. Las causas que motivaban las protestas habían quedado diluidas y en el Estado de México, por ejemplo, algunos grupos de extorsionadores salieron a tiros para hacerse con el control de un puesto de peaje.
López Obrador sacó a relucir el asunto en las mañaneras. Se refirió a esta práctica de la misma forma en que lo hacían las empresas que gestionan las autopistas, como “el huachicol carretero”, es decir, una práctica extorsionadora con tintes de crimen organizado. “Están robando al pueblo”, clamó el presidente. El mecanismo burocrático se puso en marcha para frenar el negocio ilegal.
La red de carreteras de México se extiende por 407.958 kilómetros, de los que la red federal es responsable de 50.590, la mayoría (40.000) libres de peaje. Caminos y Puentes Federales (Capufe) gestiona 3.760 kilómetros con cuota. El resto está en manos privadas a través de empresas concesionadas. La Asociación de concesionarias de Infraestructura vial tiene otros datos: son unos 10.000 kilómetros los que se reparten en mitades similares Capufe y ellos.
Las empresas concesionarias llevaban tiempo pidiendo al Gobierno mano dura contra esta práctica. La enmarcan más bien en la delincuencia organizada y solicitaban acción penal. Marco Frías, director de la Asociación Mexicana de Concesionarias de Infraestructura Vial, contaba recientemente a este periódico que se toman “unas 20 casetas diarias y que algunas lo están de forma permanente”, lo que les ha ocasionado en vías federales “pérdidas de más de 6.000 millones de pesos” entre 2019 y 2020. Este martes, Frías se ha mostrado “contento” por la medida adoptada por los diputados, que cree distingue bien entre las causas sociales y la delincuencia. “Se trata de garantizar la seguridad de los usuarios”, ha declarado. La reforma, que aún necesita ser aprobada por la mayoría simple en el Senado, “permitirá una mejor judicialización de las denuncias” que se producen por esta causa.
Algunos diputados morenistas y del PT han pagado a López Obrador con la misma moneda que el presidente suele usar cuando repite que su Gobierno no está por la criminalización de los pobres ni por la imposición de castigos. “Todo por la razón nada por la fuerza”, es uno de los lemas recurrentes del mandatario. Es lo que han recordado algunos de sus correligionarios este martes y que ven en la medida un ataque generalizado que puede dañar a colectivos desfavorecidos con protestas legítimas.
Los concesionarios creen que la medida viene a “reconocer que había un problema importante en la toma de casetas y abre el debate sobre quiénes son estos grupos que extorsionan y no abanderan ninguna causa, solo persiguen el lucro”, ha señalado Marco Frías.
Fuente: DossierPolítico
