Aunque en Palacio Nacional hay una celebran pública por la aprobación de la reforma eléctrica, en lo privado existe también una preocupación latente: los litigios que inicien algunas de las empresas privadas afectadas. Desde la 4T ya calculan un impacto por hasta 200,000 millones de dólares por estos procesos.
La reforma de López Obrador busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejándole el control del negocio de la producción y suministro de energía, lo que implicaría la cancelación de contratos de algunas empresas de ramos industriales y comerciales que, antes de la reforma, podían asociarse para producir su propia electricidad.
Algunos funcionarios encargados en la materia, advierten que este gasto millonario no solo afectará las finanzas del país, sino también su credibilidad en el mercado. Y aunque López Obrador asegura que su gobierno no pretende alguna clase de expropiación, como lo mencionó en su conferencia de este miércoles, en Palacio Nacional no todos están de acuerdo: hay quienes consideran que esta reforma un poco sí disfraza esta acción, según cuentan a LPO fuentes gubernamentales que prefirieron el anonimato.
De momento, López Obrador apuesta porque esta reforma permita la renegociación de algunos contratos, De acuerdo con el mandatario, la CFE “ha pagado de más como 300 mil millones de pesos por estos”. Algunas de las empresas involucradas son IEnova, Engie, Mitsui, SAAVI, Mitsubishi, Naturgy, Fisterra, Grupo México, Acciona, Enercon, Edison, Siemens Gamesa, Elecnor, General Electric, Vector, EDF, entre otras.
De acuerdo con López Obrador, el mercado está en manos de un puñado de al rededor de diez empresas, el mercado recuerda que son más las que participan, pero que no todas podrían acudir a la vía jurídica. En diálogo con LPO, David Rosales, analista del sector, explica que no todas estarían en condiciones de estas estrategias.
“En la mesa de negociación cada generador buscará colocar y reconocer las particularidades del nodo que alimentan y los contratos que tienen suscritos con CFE, cuando existen, antes de ir por una vía jurídica. Si fuera necesario irse por este camino, las empresas pueden buscar por un amparo directo, apoyar a un tercero con interés jurídico para que sea quien consiga una suspensión”, señaló el experto.
Agregó que “en este escenario es importante reconocer si se optará por una estrategia que conduzca la resolución final ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) o no. Finalmente, para todas las empresas existe la posibilidad de irse ante instancias internacionales, pero esto podría ser una estrategia de último recurso, que podría significar el cierre de operaciones en el país, por lo que no cualquier empresa llegará hasta allá”.
López Obrador por lo pronto deja claro que irá a las mesas de negociación y discutir esos contratos: “Vamos a ver por qué les estamos pagando más y hasta dando subsidios. Vamos a estandarizar”, advirtió.
Fuente: Dossier Político
