A la alcantarilla. Ese parece ser el destino de documentos presidenciales rotos según fotografías publicadas por la reportera Maggie Haberman en una publicación de noticias Axios, del 8 de agosto de 2022.
Haberman publicará un libro sobre el expresidente Donald Trump a principios de octubre. Una foto, supuestamente de un inodoro de la Casa Blanca, muestra un trozo de papel con lo que Haberman dice que es la letra de Trump, colocado en el fondo de la taza del inodoro.
La otra foto, de un inodoro diferente supuestamente utilizado en un viaje al extranjero, tiene varios trozos de papel en una ubicación similar, con el nombre de una congresista republicana escrita en una sola pieza.
Esta podría ser la primera documentación visual del hábito ya informado de Trump de tirar documentos por el inodoro de la Casa Blanca. En respuesta, el portavoz de Trump, Taylor Budowich, le dijo a Axios: “Tienes que estar bastante desesperado para vender libros si las imágenes de papel en la taza del inodoro son parte de tu plan promocional”.
Pero incluso sin tener que desatascar las cañerías en busca de documentos perdidos, los archivistas nacionales tienen mucho trabajo tratando de tapar posibles lagunas en el registro histórico del expresidente.
El 7 de febrero de 2022, se supo que en la residencia de Trump en Mar-a-Lago se encontraron 15 cajas de documentos y otros artículos que deberían haberse entregado a la Administración Nacional de Archivos y Registros.
Trump dice que le dijeron que “no tenía la obligación” de entregar los documentos, pero la ley sugiere que puede estar equivocado.
Específicamente, la Sección 2071 del Título 18 del Código de los Estados Unidos establece que cualquier persona que “deliberada e ilegalmente oculte, elimine, mutile, borre o destruya” registros o documentos archivados en cualquier cargo público puede ser multado o encarcelado por hasta tres años.
Se considera un delito más grave si los documentos son clasificados, pudiendo aplicarse una pena de hasta cinco años de prisión.
En ambos casos, los responsables quedan inhabilitados para ejercer cualquier cargo en los Estados Unidos.
Estos requisitos crean una imagen completa de los eventos que tienen consecuencias duraderas. Entre los registros supuestamente incompletos o faltantes del mandato de Trump en la Casa Blanca se encuentran los registros telefónicos del 6 de enero de 2021.
Guardando los registros
En 1957, la Comisión Nacional de Publicaciones Históricas, parte de los Archivos Nacionales, recomendó desarrollar un sistema uniforme para poder archivar todos los materiales de las presidencias. Hicieron esto para literalmente salvar los registros presidenciales de las llamas: la esposa del presidente Warren G. Harding afirmó haber quemado todos sus registros, y Robert Todd Lincoln quemó toda la correspondencia de guerra de su padre.
Por lo tanto, el gobierno recopila y conserva todas las comunicaciones presidenciales, incluidas las órdenes ejecutivas, anuncios, nominaciones, declaraciones y discursos, y cualquier comunicación pública oral de los presidentes, que también se colocan como documentos públicos en la Recopilación de documentos presidenciales.
Estos son parte del registro oficial de cualquier administración, publicado por la Oficina del Registro Federal, Archivos Nacionales y Administración de Registros semanalmente por el secretario de prensa de la Casa Blanca.
En la mayoría de las presidencias, el documento o transcripción está disponible entre unos días y un par de semanas después de cualquier evento. Al final de una administración, estos documentos forman la base para las colecciones formales de Documentos Públicos del Presidente.
FBI allana casa del expresidente Donald Trump en Florida
El FBI registró el lunes la residencia del expresidente Donald Trump en su Mar-a-Lago Club en Palm Beach, Florida.
Según The New York Times, la búsqueda parece estar centrada en material, incluidas “muchas páginas de documentos clasificados”, que Trump supuestamente trajo consigo cuando salió de la Casa Blanca. Todos los registros presidenciales son propiedad del público y deben transferirse automáticamente a la custodia de los Archivos Nacionales tan pronto como el presidente deje el cargo, según la Ley de Registros Presidenciales de 1978
Axios.
