Cd. de México (Portal Infobae) Desde hace algunos meses, medios y el Órgano Interno de Control de la Conade han señalado una serie desvíos por más de 50 millones de pesos.
Desde hace algunos meses, medios de comunicación e incluso el Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) han señalado una serie de desvíos por más de 50 millones de pesos por parte de Ana Gabriela Guevara, titular de ese organismo, quien ya están siendo investigada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con información de la periodista Peniley Ramírez en su columna del diario El Universal, la dependencia expidió una serie de oficios con el fin de indagar en las cuentas bancarias de la ex velocista, así como en las de otro par de sus funcionarios en la Conade.
La Secretaría de la Función Pública envió a los bancos una dirección particular de Guevara en una colonia de Nogales, Sonora, mientras que los otros dos funcionarios, investigados son el subdirector de administración, José Omar Hernández, y del subdirector general en la Conade, Sergio Monroy, quien también es uno de los colaboradores más cercanos de Guevara.
Los documentos, según Ramírez, están firmados por Luis Gutiérrez Reyes, quien es el subsecretario de combate a la Impunidad en la SFP, y fueron enviados a las instituciones bancarias por medio de la Comisión Nacional Bancaria, con el propósito de que informen acerca de sus movimientos, hipotecas, giros y cuentas de las personas investigadas.
El argumento que utilizó la dependencia para llevar a cabo esta investigación en los bancos fue que se encuentran realizando “una indagatoria en materia de evolución patrimonial”.
Cabe recordar que tanto la ex atletla como los otros dos funcionarios tienen una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República interpuesta por la empresa veracruzana Cocinas Industriales Multifuncionales de Calidad (CIMCSA) S.A. de C.V.
Las acusaciones son las de posible asociación delictuosa, cohecho, simular licitaciones, falsificación de documentos y lo que resulte. Esto tras presuntamente exigir cobros por la adjudicación de un contrato a CIMCSA por 16.9 millones de pesos.
Aunque ha negado todo, la ex velocista ha rechazado comparecer ante la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados. En varias ocasiones la instancia legislativa ha solicitado que se presente, pero sólo han habido respuestas negativas de Guevara.
“La hemos buscado en diferentes ocasiones. En varias ocasiones la hemos invitado”, confirmó hace unas semanas en entrevista con Infobae México el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Alonso Riggs Baeza.
Señaló que la ex atleta tendrá que presentarse tarde o temprano a la Cámara de Diputados para comparecer. En este sentido explicó que a partir de septiembre, los secretarios tendrán que asistir al recinto legislativo para que hablen sobre el avance de sus administraciones.
“Ella tendrá que afrontar a la Cámara de Diputados forzosamente. Tendrá que ir a comparecer los secretarios, que es a partir de septiembre. De ahí se hace un rol de comparecencia de los diferentes funcionarios”, detalló el miembro de la Comisión de Deportes.
Recordó que en la última comparecencia de Ana Gabriela, él presentó una denuncia por un desvío en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) por 61.2 millones de pesos, de la cual la Secretaría de la Función Pública (SFP) señaló que el desvío fue por 50 millones de pesos.
“La auditoría de la función pública ha determinado que sí hay un daño patrimonial por 50 millones de pesos. ¿Cuándo van a ir por ellos?”, cuestionó el legislador por el estado de Chihuahua.
Las consecuencias parecen verse ahora con esta investigación a las cuentas bancarias de Guevara, que es uno de los primeros ejemplos de la administración de Irma Eréndira Sandoval en relación a funcionarios del actual gobierno, ya que las pesquisas se habían enfocado en regímenes anteriores.
Cabe destacar que otro ejemplo son ocho funcionarios del IMSS, quienes estuvieron incluidos en una denuncia que interpuso el PRD para que se investigara la adjudicación de un contrato millonario a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad del hijo de Manuel Bartlett, para la adquisición de ventiladores mecánicos en Hidalgo.
