Autoridades tradicionales de la Nación Comca’ac -Seri- se han dividido por las diferencias que genera el manejo de las millonarias ganancias derivadas de la cacería del borrego cimarrón en la Isla del Tiburón, la más grande de México, ubicada en Sonora (noroeste).
El consejo de ancianos que preside Enrique Robles Barnett, destituyó al gobernador tribal Joel Barnett Morales y le exigen que presente las cuentas del dinero por la venta de cintillos para cazar al carnero de las rocosas, de nombre científico Ovis Canadensis.
“Lo que se está desviando es el recurso del turismo cinegético, el dinero que sale de ahí es lo que anda mal, eso es lo que nosotros venimos solicitando, que el Gobierno seri que maneja ese dinero haga una reunión y diga qué tanto dinero entra, qué tanto dinero se gastó, esos recursos”, exigió Robles Barnett.
ada año, decenas de cazadores de todo el mundo, pero principalmente desde Estados Unidos llegan a Sonora para atrapar al borrego cimarrón, que representa uno de los mayores trofeos de la cacería cinegética mundial por la experiencia de llevar esta actividad a cabo en una isla, rodeada por el Mar de Cortés, frente al territorio indígena.
Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el Plan de Justicia para los Pueblos Indígenas que contempla acciones y programas para el desarrollo social y económico de la Nación Comca’ac, pero condicionó el avance de esta acción gubernamental a cambio de que se deje de cazar al borrego cimarrón y se implementen safaris fotográficos.
En respuesta, el Gobierno Tradicional Seri pidió que primero avance el Plan de Justicia y después, cuando vean materializados los compromisos del Gobierno de México, la Nación Comca’ac analizará si suspenden la caza de borregos cimarrones, una especie que no está en riesgo de extinción pero cuenta con “protección especial” de acuerdo con las normas oficiales mexicanas.
Respecto a la destitución del gobernador tradicional de la tribu Seri, el mandatario de Sonora, Alfonso Durazo, advirtió que la división entre las autoridades indígenas puede ocasionar que se cuelen intereses ajenos a los pueblos originarios.
“Tenemos problemas con los seris y con los mayos, son intereses legítimos que no se procesan adecuadamente en términos políticos, pero como yo soy respetuoso de sus usos y costumbres, es un tema que tienen que ventilar ellos”, dijo.
Afirmó que la división va en perjuicio del pueblo pues se pueden filtrar intereses ajenos a la comunidad.
Cada año, decenas de cazadores extranjeros pagan, como mínimo, entre 50 y 60 mil dólares para entrar al territorio, que protege la guardia tradicional seri, y cazar un borrego cimarrón; sin embargo, en Las Vegas, Estados Unidos, los permisos de cacería de esta especie se subastan hasta en 200.000 dólares.
Esa actividad representa ganancias millonarias que supuestamente deberían beneficiar a estos pueblos indígenas, sin embargo, el destino de estos recursos es un misterio y nunca se ha visto reflejado en el desarrollo de la Nación Comca’ac, donde habitan apenas unas 700 personas.
EFE
