Un incremento equivalente al 100% es lo que se prevé vendrá para el 2022 hacia al grupo de ediles y sindico procuradora, anunció el secretario de la Comuna, Julián Aguilera, en medio de una crisis económica que atraviesa el municipio.
Sin embargo, no es decisión de la actual administración, al ser consensuado por el gobierno municipal que encabezó en su momento la exalcaldesa Rosario Quintero Borbón, bajo petición del exregidor Rogelio Álvarez Ceballos.
Pactado y establecido en el acta número (76) de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de agosto del año 2021, por el H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, tras considerarse que el salario de los ediles es uno de los más bajos en todo el Estado, entraría en vigor a partir del 01 de enero del 2022.
Dicha situación, es otra de las gestiones heredares por la exalcaldesa, quien durante el trienio 2018-2021, se envolvió en polémica por decisiones en contra de los intereses del navojoense.
No obstante, el tema ha causado comentarios negativos, bajo el justificante de que las finanzas del municipio no están en condiciones de generar un gasto extra, que afecte el desarrollo del municipio.
‘SUELDOGATE’
El vocero del Congreso Nacional Ciudadano (Conaci), Alfredo Yepiz, consideró muy inoportuno el anuncio de presidencia cuando frente a una quiebra financiera provocada por la administración pasada, inician con un aumento salarial.
“Es un ‘Sueldogate’ que viene a desanimar la participación ciudadana en el pago de nuestras contribuciones públicas y lo hacen con una evidente complicidad con los atracadores que se fueron burlándose de toda la sociedad navojoense”, expresó.
Sugirió que deberían ajustarse el cinturón al aumento salarial de acuerdo a la inflación, asegurando que únicamente así podrán demostrar que realmente primero son los pobres.
Señaló que Navojoa enfrenta una de sus peores crisis políticas y financieras, por lo que no procede el tan desmedido aumento, ya que esto contraviene el llamado presidencial a una austeridad republicana que busca combatir la desigualdad social, corrupción y el despilfarro de los bienes y recursos públicos.
