El gobierno mexicano lanzó el día de ayer toda su artillería legal contra el ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, a través de dos litigios con los que se pretende comprobar su participación en la delincuencia organizada y el lavado de dinero en México.
Este 30 de septiembre el gobierno mexicano aportó pruebas tanto en el juicio federal que encabeza la Fiscalía de Nueva York, como en la corte civil del condado de Miami Dade para lograr, en el primer caso, que se le sentencie por sus ligas con el narco y, en el segundo, para intentar recuperar los 250 millones de dólares que robó al erario mexicano.
En el caso civil, este 30 de septiembre finalmente la Corte del condado de Miami respondió a la demanda que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del ex funcionario panista y citó a las partes a presentarse ante el juez el próximo 11 de octubre.
Revelaron que una vez analizada la demanda se programará una audiencia para revisar el caso tanto el juez, el fiscal y las partes, en este caso los representantes de México y de Genaro García Luna, así como los coacusados. Se llevará a cabo a las 9:15 de la mañana vía Zoom.
“Todas las partes deben estar preparadas para discutir el estado del caso, así como cualquier moción pendiente”, dice el documento judicial que revisó MILENIO. También se reveló que el juez que llevará el caso de la UIF contra García Luna será William Thomas. William Thomas es un reconocido juez que, en el año 2012, fue nominado por el presidente Barack Obama al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Este 30 de septiembre la corte también catalogó el proceso legal contra García Luna como un “caso complejo”, y solicitó a las partes reunirse y discutir cada paso para así reducir la cantidad de tiempo y de trabajo de la Corte. Por otra parte, los acusados ya fueron notificados que hacen parte de la demanda del gobierno mexicano e incluso la Corte dio un periodo de tiempo de 20 días para que respondan. También se revelaron los abogados que representarán al gobierno mexicano, como en el caso de Kelley B. Steward de la firma Krupnick Campbell Malone Buser Slama Hancock, P.A.
El caso en Florida
Según la acusación, el gobierno de México busca recuperar al menos 250 millones de dólares que robó el ex secretario de Seguridad Pública y sus cómplices, quienes además ocultaron fondos que habrían servido para crear un imperio de lavado de dinero.
Lo hicieron mediante la transferencia de los fondos fuera de México a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares. “García y sus cómplices utilizaron estos fondos para adquirir, controlar y mantener una gran y sofisticada empresa de blanqueo de dinero, principalmente a través de la compra y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles ubicados en Florida”, dice la demanda.
Los coacusados son su esposa Linda Cristina Pereyra; Mauricio Samuel Weinberg López; Jonathan Weinberg Pinto; Natan Wancier Taub José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto de Niembro.
Según el documento se habrían hecho al menos 64 transferencias con dinero robado a través de bancos en México y en Estados Unidos. Entre los bancos que eligió la red de García Luna se encuentran Banxico, BBVA, CIBANCO, Bank of America, Banorte entre otros. Con esta demanda se pretenden recuperar los bienes que el ex funcionario del sexenio de Felipe Calderón generó en Estados Unidos con recursos de procedencia ilícita y transferencias a paraísos fiscales.
