Gracias al impulso de los colectivos defensores de los derechos de las mascotas, se logró consolidar la Ley de Protección a los Animales en el Estado de Sonora en mayo del 2014, sin embargo, para los activistas aún faltan vacíos que la autoridad debe de llenar.
En un periodo de 15 meses a la fecha, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ha tenido un total de 37 carpetas por maltrato, de las cuales 18 se encuentran judicializadas, nueve con sentencias condenatorias, seis judicializadas en proceso y una más judicializada donde el imputado se encuentra en prisión preventiva.
Carlos Matty Ortega, activista y defensor de los derechos de los animales, mencionó que la aplicación de la ley en Sonora contra el maltrato animal llegó a dar una justicia a las mascotas que han sido asesinadas a manos de personas.
“Ha habido sentenciados y están purgando sus castigos, sin embargo, entre la Ley y la realidad, dista mucho todavía; hay un vacío que necesita cubrirse, que es la vinculación con la infraestructura e investigación de parte del Ministerio Público, se necesita una respuesta pronta por parte de los forenses para dictaminar el grado de lesiones para que el MP pueda hacer su trabajo con inmediatez y prontitud”.
También explicó que con una actuación pronta, podría dejar en claro a las personas que no hay impunidad en los casos de maltrato animal y con ello descender el número de casos que se registran.
Cultura ciudadana, un factor más
“Sí se ha dado buenas respuestas, son contadas, pero son cientos de maltratos que también, entre ese puente que no hay entre realidad y aplicación propia de la ley, está la no denuncia de la ciudadanía, todavía no nos estamos culturizando, no hay campaña de la cultura preventiva del maltrato animal”, resaltó.
En este sentido, Matty Ortega no es el único que considera que ambos son factores importantes por los que queda impune el maltrato animal; Carolina Araiza Sánchez, presidenta de la asociación Pata de Perro, declaró que la disposición que tienen los ciudadanos para hacer la denuncia contra este delito hace imposible la localización de los responsables.
“En la mayoría de los casos la gente reconoce quién fue, sin embargo, no quiere denunciar oficialmente ante las autoridades, según nos comentan los agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC)”, expuso.
Esto se debe, a consideración de la activista, a que no se cuenta con un laboratorio forense para realizar autopsias a los animales para saber las causas de las agresiones y así determinar maltrato para proseguir con la denuncia.
Al no haber una determinación como tal, los afectados desisten de realizar una denuncia, ya que además los dueños de las mascotas entierran los cuerpos de los animales sin saber que pueden esclarecer las causas de la muerte.
Por su parte, Rodrigo Alfredo García Celaya, Ministerio Público, indicó que las denuncias se reciben como cualquier otra, es decir, las personas acuden al tener conocimiento de un delito.
“En este tema del maltrato es muy particular, cualquier persona que sea testigo o que haya visto algún aspecto que se tipifique como maltrato animal dentro de la Ley puede denunciar en la Agencia del Ministerio Público, especializada en Abigeato y tema de Maltrato Animal o bien a los Centros de Atención Temprana de la Fiscalía”.
García Celaya añadió que también la denuncia se puede hacer a través del 911, donde la Policía Municipal realiza su Informe Policial Homologado (IPH), el cual se remite a cualquiera de los Centros de Atención Temprana y con ello iniciar la investigación correspondiente.
El ministerio público Rodrigo García Celaya recordó que la penalización por maltrato animal es muy diversa, “existen tres supuestos en cuanto a las penas, las que prevé el artículo 342 del Código Penal sonorense, establece que cuando no son lesiones la vida, va la pena de uno a dos años de prisión, de poner en riesgo la vida del animal aumenta de dos a cuatro años de prisión y si se causa la muerte puede cumplir de dos a seis años de prisión según el artículo 343”.
Dentro de las sentencias, existe la reparación del daño, donde la víctima recibe una indemnización monetaria por la pérdida del animal en cuestión, estas vienen implícitas en las condenas; el juez la incluye en la sentencia.
En tanto, los colectivos siguen en defensa de los que no tienen voz para que así pueda caer el peso de la Ley sobre quienes ejercen la violencia contra las mascotas.
Fuente: El Sol de Hermosillo
