En la madrugada de este miércoles la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el llamado “Plan B” de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, después de que el martes fuera desechada la iniciativa constitucional en la misma materia.
Durante la sección nocturna se dispensaron todos los trámites a las iniciativas para discutirlas y votarlas de inmediato, una vez que Morena presentó la propuesta presidencial como suya.
Así, el pleno de San Lázaro aprobó las reformas a leyes secundarias en materia electoral en una sesión fast track con el voto a favor de Morena y partidos aliados y el rechazo de la oposición de PAN, PRI y PRD.
La propuesta final incluyó cambios propuestos por los Partidos del Trabajo y Verde para que éstos pudieran sumarse a la mayoría morenista, básicamente para flexibilizar las reglas para la conservación del registro.
El Plan B plantea cambios estructurales dentro del INE, la reduccion de los salarios de los consejeros y la eliminación de fideicomisos, entre otras varias medidas para ajustar a la institución a los preceptos de austeridad.
Pasada la una de la madrugada, diputados de los grupos parlamentarios opositores –PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano– abandonaron el salón de plenos en protesta por la discusión fast track del paquete de reformas, que no fue previamente dictaminado en comisiones.
El proyecto de decreto fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales
Los diputados avalaron, en lo general y lo particular, con 267 votos en pro, 221 en contra y ninguna abstención, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En votación separada, el pleno también avaló en lo general y en lo particular con 267 votos en pro, 219 en contra y ninguna abstención, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En lo particular, el proyecto se aprobó con 261 votos a favor, 216 en contra y ninguna abstención.
La presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, la morenista Graciela Sánchez Ortiz, presentó las iniciativas de reforma que fueron consideradas de urgente y obvia resolución por el pleno, por lo que se les dispensaron todos los trámites.
En sus intervenciones, legisladores de la oposición expresaron su rechazo a la iniciativa.
La diputada priista Karla Ayala Villalobos señaló que estas reformas fomentan un serio retroceso en los avances en materia electoral. “Es increíble que solo se apoye la voluntad de un hombre y que se recorten recursos a nuestros órganos electorales. No se puede ser juez y parte en los procesos; la democracia no se toca”.
La panista Joanna Alejandra Felipe Torres expresó que su grupo parlamentario no será oficialía de partes del Ejecutivo, por lo que anunció que votaría en contra de las reformas a las leyes secundarias. “No piensan en fortalecer a las instituciones ni en consolidar la democracia, sino en el interés de perpetuarse en el poder”.
Jorge Triana Tena, también del PAN, subrayó que, con la legitimidad de haber obtenido 23 millones de votos en las elecciones del 2021, la oposición defenderá a la democracia. “Nosotros no vamos a convalidar estas propuestas, que es un mandato diferente al que tuvimos en las urnas por parte de las y los ciudadanos”.
Triana advirtió que acudirán a la Suprema Corte y se interpondrán todos los recursos legales posibles.
“Si se aprueba nos vemos en la corte, porque la Suprema Corte ya tiene precedentes, nos van a volver a enmendar la plana por violaciones graves al proceso legislativo”, dijo el diputado Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano.
En contraparte, el diputado morenista Leonel Godoy Rangel pidió votar a favor de las reformas porque han sido cuidadosamente elaboradas y no buscan ninguna violación a la Constitución.
“Son reformas administrativas que permitirán ahorrar 3 mil millones de pesos al Estado mexicano. Es por el bien de la democracia y del pueblo de México”, argumentó.
El decreto de reformas no aplicaría a las elecciones de 2023 en el Estado de México y Coahuila.
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