El Estado en ruinas

 

 

 

 

 

La metáfora ilustra el proceso de deterioro paralizante que vive la organización estatal mexicana, en el origen producto del triunfo de una coalición militar en la guerra civil que llamamos revolución, incapaz desde su nacimiento de sustentarse en una eficaz aplicación obligatoria de la ley, debido a que su dominio nunca gozó de aceptación plena. Heredero de una trayectoria institucional basada en los privilegios y las excepciones, de matriz hispánica, y de una manera de hacer las cosas arraigada por su antecesor inmediato –el Estado porfiriano–, el cual ejercía su dominio a través de una tupida red de intermediarios que usaban sus parcelas de poder en beneficio personal, el régimen posrevolucionario operó siempre con ingentes problemas de agencia y llevó a cabo su tarea sustantiva, la reducción de la violencia, por medio de la venta de protecciones particulares y la negociación permanente de la desobediencia de la ley.

Aquejado de una incapacidad congénita para cobrar impuestos, el Estado posrevolucionario nunca pudo imponer una dominación legal–racional efectiva. Durante toda su historia, la disonancia entre la ley escrita y el orden real fue siempre evidente. Sus reglas formales nunca alcanzaron la legitimidad necesaria entre la población como para lograr una aplicación eficaz de la ley a un costo aceptable. En cambio, desarrolló una compleja red de agentes relativamente autónomos que vendían protección, cobraban por permitir la violación de la ley formal y concedían protecciones clientelistas a cambio de apoyo político.

Así de contrahecho, sin embargo, el Estado posrevolucionario fue relativamente eficaz para reducir la violencia y durante cuatro décadas también generó un entorno propicio para un crecimiento económico favorable solo para aquellos que pagaban por protecciones particulares, mientras las redes de clientelas recibían las migajas de la bonanza. Se trataba de una estructura abusiva y corrupta, en la que medraban los agentes que privatizaban en su beneficio la capacidad de coerción estatal, nunca demasiado vigorosa.

 

 

 

 

Fuente: Medios.

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