Don Javier Bours Almada, obtuvo el galardón en la categoría Personas, por ser un empresario exitoso cuyo liderazgo, compromiso social y capacidad empresarial son reflejadas en su entorno.

Don Javier fue nominado al premio Eugenio Garza Sada por Roberto Soto Soto, director general del campus Cd. Obregón.

“Es y siempre ha sido un ciudadano ejemplar, un empresario modelo, el jefe o líder que todos quisiéramos tener” afirma Roberto.

El empresario es conocido por ser cofundador de la empresa Bachoco, distribuidora y procesadora avícola.

Es uno de los fundadores de la empresa Megacable, compañía de televisión por cable a nivel nacional, y responsable de la llegada de la compañía Ford a la ciudad.

Don Javier es ampliamente reconocido por su gran impacto en la educación.

Él fue uno de los detonadores de la expansión del Tec de Monterrey.

Colaborando con la apertura del primer campus foráneo de la institución, ubicado en campus Cd. Obregón.

“Don Javier es para nosotros, sobre todo en Sonora, nuestro propio Don Eugenio” afirma el director general de campus Cd. Obregón.

El premio Eugenio Garza Sada es un homenaje al fundador del Tec, Don Eugenio Garza Sada y su espíritu social para apoyar las personas que lo necesitan.

Asimismo, fungió como presidente del consejo del campus en sus primeros 14 años.

Al lado de otros cajemenses reconocidos, trabajó en la creación, desarrollo y apertura de distintos centros educativos, tales como Colegio LaSalle y el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON).

El galardonado ha sido partícipe de numerosas actividades altruistas y de servicio a la comunidad, al lado de Club Rotario, la Cruz Roja y el Club Yaquis de Ciudad Obregón.

A nivel internacional hizo viajes a Estados Unidos y Europa en busca de mejoras para las condiciones financieras del cultivo de algodón.

Por otra parte, en 2011 fue acreedor del Woodrow Wilson Center Award for Corporate Citizenship, siendo el séptimo mexicano en recibirlo.

Mientras que a nivel local, introdujo implementos agrícolas de vanguardia para mejorar la productividad del Valle del Yaqui.

Dados todos sus logros como empresario y su servicio a la comunidad, Don Javier Robinson Bours Almada recibió el título de Ciudadano Distinguido de Cajeme 2016.

Al haber ganado el premio Eugenio Garza Sada recibirá un cheque por 200 mil pesos, mismos que donará a una causa de la comunidad, siguiendo con su camino altruista.

La ceremonia de premiación del Premio Eugenio Garza Sada se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre a las 12:00 horas en el Centro de Congresos del campus Monterrey.

 

 

 

 

Fuente: Medios.

 

 

 

 

 

 

En ocho años y medio, Caminos y Puentes Federales (Capufe) dejó de recibir más de 3 mil millones de pesos por toma de casetas en el país.

Esta práctica es un delito federal que se castiga hasta con 30 años de cárcel, sin embargo, con el paso de los años, colectivos y organizaciones civiles han hecho de esto un deporte.

Mientras que en 2010 hubo sólo 34 tomas en todo el país, en 2018 se registraron 2 mil 443.

Para el primer semestre de 2019, el reporte Daño Patrimonial por el Ingreso No Recaudado por Plaza de Cobro 2010-2019, proporcionado por Capufe vía Transparencia, ya indicaba 2 mil 458 eventos.

Las pérdidas por el no cobro de peaje en 2018 ascienden a 821 millones 959 mil 408 pesos, y la tendencia va en aumento: de enero a junio de 2019 se han perdido mil 359 millones 938 mil 237 pesos, 65.45% más que las pérdidas de 2018.

Marco Antonio Frías Galván, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV), considera que el apoderarse de una plaza de cobro se ha convertido en un negocio lucrativo.

“Se empezó a generar una industria (…) comienzas a botear y la cantidad de recursos que extraes de manera ilegal pues es importante”, explicó.

Toma de casetas, lucrativo negocio

Concesionarios señalan a organizaciones de hacer de estas acciones su modo de vida.

La toma de casetas es un delito federal que se castiga con 30 años de cárcel y diversos colectivos se apoderan de esas instalaciones como si fuera un deporte: en ocho años y medio, Caminos y Puentes Federales (Capufe) dejó de recibir por el cobro de peaje más de tres mil millones de pesos por toma de casetas en todo el país.

Esta práctica se ha incrementado de manera exponencial; así, mientras que en todo 2010 hubo sólo 34 tomas en todo el país, en 2018 se registraron dos mil 443.

Para el primer semestre de 2019, el reporte Daño Patrimonial por el Ingreso No Recaudado por Plaza de Cobro 2010-2019, proporcionado por Capufe vía transparencia, ya indicaba dos mil 458 eventos.

Las pérdidas registradas por el no cobro de peaje en 2010 fueron de cuatro millones 984 mil 864 pesos, mientras que para 2018 ascendió a 821 millones 959 mil 408 pesos.

La tendencia va en aumento, de enero a junio del presente año se han perdido mil 359 millones 938 mil 237 pesos, 65.45% más que el monto total de lo no cobrado en 2018.

Para Marco Antonio Frías Galván, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV), el apoderarse de una plaza de cobro se ha convertido en un negocio lucrativo para agrupaciones.

“Se empezó a generar una industria alrededor de la toma ilegal de casetas (…) No necesitas más de diez personas, la puedes tener tomada durante el día completo, comienzas a botear y la cantidad de recursos que extraes de manera ilegal pues es importante”, explicó.

El líder de los concesionarios indicó que muchos de los grupos que realizan esta actividad están interconectados.

“Son distintos grupos que funcionan a lo largo y ancho de la República; muchos de ellos están interconectados, los líderes tienen relación.

“También en su gran mayoría estos grupos han sido creados exprofeso para tomar casetas; a fin de cuentas se empezó a convertir esto en un negocio lucrativo para estas agrupaciones”.

Según el reporte de Capufe, los daños patrimoniales generados por la toma de casetas en todo el país comenzaron a repuntar a partir de 2014, cuando se registró una pérdida anual de 372 millones 607 mil 811 pesos, por 785 eventos ocurridos.

El segundo repunte se dio en 2017, cuando la pérdida ascendió a 503 millones 84 mil 796 pesos, por mil 699 tomas.

Entre las causas o demandas más comunes en la toma de casetas se encuentran solicitudes de recursos para organizaciones campesinas, inconformidad con políticas de gobierno, solicitud de exención del pago al ser habitantes cercanos a la caseta, exigencia del libre tránsito por las carreteras del país.

De manera regular, las plazas de cobro son liberadas o tomadas, entre otros, por organizaciones campesinas, gremiales, estudiantes normalistas, integrantes de la CNTE o la CETEG, policías comunitarios, pobladores inconformes, transportistas, movimientos de lucha, familiares de personas desaparecidas y grupos de activistas.

En Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Baja California, entre otras entidades, esta actividad es un recurso para la lucha social.

En Oaxaca, por ejemplo, el magisterio de la CNTE lleva a cabo interrupciones intermitentes, libre del pago que ingrese a las arcas del gobierno federal.

En el Valle de Toluca y zona Norte del Estado de México transportistas, campesinos y estudiantes de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, toman la caseta ubicada en Tenería, en Tenancingo. Integrantes del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, campesinos y normalistas se apropian de las casetas de la autopista Toluca-Atlacomulco, según datos de Capufe.

En Chiapas, han sido identificados el Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), la CNTE, normalistas de las escuelas Jacinto Canek y de la Rural Mactumactzá y hasta el criminal llamado Cara de tropa.

En Tijuana, integrantes del Grupo Tijuana se levanta, integrado por activistas de la tercera edad, tomaron el control de la caseta de cuota Tijuana-Rosarito.

Otros grupos de activistas también se habían apoderado del control de las casetas, pero el pasado 2 de agosto se registró un enfrentamiento entre los grupos liderados por quienes han sido identificados como Miguel Mendoza y Guadalupe Maldonado. Ambos grupos se enfrentaron con palos, piedras y a golpes. Tras el choque, el saldo fue de cinco personas detenidas y tres lesionados.

Boteo voluntario

En un monitoreo realizado por Excélsior, se detectó que, por ejemplo, en Guerrero los normalistas son quienes más recurren a este tipo de movilizaciones para allegarse de recursos que, de acuerdo con sus declaraciones, son destinados para su comedor de la escuela normal o para mantener su lucha en búsqueda de los 43 desaparecidos o trasladarse a otras ciudades.

La caseta que es tomada con mayor frecuencia es la de Palo Blanco, que se ubica en la salida sur de Chilpancingo, con rumbo a Acapulco.

Los ingresos pueden ser variables, dependiendo del día, de la temporada y del horario. Por ejemplo, en abril, en plena temporada de la Semana Santa, la Policía Federal de Caminos reportaba un aforo hacia Acapulco de 30 vehículos por minuto entrando al puerto y de salida se reportaban 10 vehículos. Lo que da un total de 40 vehículos por minuto, que multiplicado por la cuota “voluntaria” de 50 pesos que se pide, resultaría en ingresos de 2 mil pesos por minuto, 120 mil pesos por hora.

RESISTENCIA CIVIL

Conocida también como liberación de casetas se ha convertido en una práctica constante en puntos como el Circuito Exterior Mexiquense, donde integrantes del movimiento Resistencia Civil Pacífica (RCP) se niegan a pagar las cuotas.

El pasado miércoles 11 de septiembre, integrantes de RCP tomaron las casetas de Las Américas y Tultepec. Desde las 07:00 horas, comenzaron a delimitar el paso de vehículos por un menor número de carriles y levantaron las plumas para permitir el libre tránsito de los vehículos.

En su cuenta de Facebook, Karla Cárdenas, quien se identifica como integrante de RCP, difundió los videos de esta toma con la leyenda “…en apoyo a los compañeros y hermanos de lucha Tigre JS, José Cervantes, Pedro Cervantes y Mandrake”.

La causa de esta manifestación fue la vinculación a proceso de la que fueron objeto por el delito de daño a las vías de comunicación.

Ésta es una de las organizaciones con mayor actividad en la liberación de casetas.

En Hidalgo, por ejemplo, Alfredo Quiroz Colín y Cenobio Díaz Hernández han encabezado el cierre de casetas a nombre de esta organización, con el argumento de ejercer el derecho a no pagar peaje.

En octubre de 2018, tomaron la caseta de cobro número 84 de la carrera federal México-Tuxpan, ubicada a la altura del tramo Tulancingo-Tejocotal, kilómetro 106 +700.

Otro integrante de esta organización es Armando Monter, originario del municipio de San Agustín Tlaxiaca, quien pese a no contar con poder de convocatoria ha participado en la toma de casetas, entre ellas la ocurrida el 1 de abril de 2018, cuando junto a otros simpatizantes tomaron la caseta México- Pachuca.

Los integrantes de este movimiento se han declarado afines a Morena. Incluso, Monter presume en sus redes sociales fotografías con líderes de izquierda, entre ellos el diputado federal Mario Delgado.

En diciembre del año pasado, se dio a conocer información en la que Monter llama a encadenar la Suprema Corte y exigir la salida de ministros. En ese momento, en el poder Judicial versaba la discusión sobre el tope salarial.

Otra agrupación que recurre a bloqueos carreteros y toma de casetas en Hidalgo es la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), de Martha López Ríos, hermana del dirigente nacional de esta organización, Álvaro López. El 8 de agosto tomaron la caseta México-Pachuca, movilización en la que un campesino falleció al atravesar la vía federal.

EL DELITO NO LOS FRENA

En abril pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer, mediante un video difundido en redes sociales, que la toma de casetas de peaje sí estaba tipificada como un delito, según lo indicado en el Libro Segundo, Título Quinto, Capítulo I del Código Penal Federal.

Las penas establecidas para quienes bloqueen las casetas de peaje de la red carretera del país van de 15 a 30 años de prisión.

Sin embargo, esta advertencia no ha frenado la intervención que organizaciones de resistencia civil realizan a las casetas en distintos puntos del país.

Respaldados en el Artículo 11 de la Constitución Política que señala que “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”, ciudadanos conforman movimientos para acudir, de manera constante, a las casetas, levantar las plumas y dar libre tránsito a los conductores.

Un video transmitido el pasado 11 de septiembre, por un hombre identificado en Facebook como Arturo Morales, muestra a un grupo de personas, vestidos con playeras y gorras negras con las siglas bordadas en color blanco: RCP (Resistencia Civil Pacífica), en la caseta Las Américas, del Circuito Exterior Mexiquense, organizarse para la liberación de esta plaza de cobro.

Luego del saludo que hace una mujer, de nombre Claudia, Arturo comienza a narrar: “No vamos a permitir que sigan violentando el Estado de derecho cuando ejercemos un derecho plasmado en la Constitución, en el artículo 11”.

En el video se observa al hombre caminar hacia la línea de casetas y cerrar carriles para delimitar el paso de autos por el menor número de plumas controladas por ellos.

“Tenemos un descontento con esta autopista porque esta autopista tiene que dar el 0.05% de sus ingresos y no regresa nada, no retorna nada a la comunidad, hacia el estado”.

En otro video, difundido por una persona de nombre Montserrat Hernández, integrante de la misma asociación, se observa la liberación de la caseta en Tultepec, en Coacalco. En las imágenes se escucha a un hombre decir: “Yo lo viví, a mí no me agarraron (sic) porque yo me fui a mi carro y abrí”.

Posteriormente, se reporta con una mujer identificada como Karlita.

“Ya nos vamos Karlita, ya estuvimos aquí haciendo labor ya nos retiramos porque tenemos cosas que hacer…”.

En su perfil de Facebook, Karla Cárdenas, Karlita, replica los videos posteados ese día por los integrantes de la organización RCP liberando casetas del Circuito Exterior Mexiquense.

En esta red social puede observarse la constante actividad de esta organización.

El 31 de agosto, la misma Karla Cárdenas difunde un video en el que explica cómo puede hacer un conductor para pasar, sin pagar, una caseta, ubicada en el circuito exterior mexiquense, en la que las plumas tienen “cinchos metálicos” y no se pueden abatir hacia el frente.

Karla levanta la pluma y comienza a gritar: “adelante, adelante, libre tránsito, pásele”, hasta que en el carril apareció una patrulla de la policía estatal.

En ese mismo video se observa cómo minutos después desciende nuevamente del vehículo Nissan Platina, color plata, con placas 640ZMK, al parecer de la Ciudad de México, en el que viaja con otra mujer y un hombre.

Karla vuelve a levantar la pluma y hace énfasis en mostrar los cinchos metálicos que la sostienen.

En total, Capufe ha interpuesto 2 mil 742 denuncias por la toma de casetas en todo el país, de las cuales, mil cuatro fueron presentadas de enero a junio de 2019.

ACCIONES

De acuerdo con Frías Galván, con la intención de frenar la incidencia en toma de casetas, desde hace más de un año los concesionarios realizan una mesa institucional en la que trabajan con la FGR, la Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y Capufe.

“A partir de esta mesa se generó un formato único de denuncia en donde se establecen los elementos y criterios básicos que cada una de las denuncias debe de contener”.

Aseguró que cada vez que hay un caso de toma de casetas se denuncia y se siguen protocolos de la actuación que deben tener los operadores de las casetas.

“También emprendimos una campaña importante de hacer del conocimiento de la gente que toma las casetas que esto es un delito”, explicó.

Con información de Emmanuel Rincón, Karla Méndez, Carlos Coria, Patricia Briseño, Dalila Ramírez, Arturo Salinas, Gaspar Romero, Miriam Bueno, Alma Gudiño y Rolando Aguilar

Demandas

Entre las peticiones o causas más comunes de la toma se encuentran:

  • Entrega de recursos para organizaciones campesinas.
  • Vecinos cercanos que buscan exención del pago de casetas.
  • Inconformidad con las políticas de gobierno.
  • Libre tránsito por las carreteras del país.

PROTOCOLO DE PROTECCIÓN

Cuando una agrupación llega a tomar una de las casetas instaladas en nuestro país, los empleados deben seguir un protocolo de seguridad:

  1. Cuando un grupo toma las instalaciones por protesta, se cierran las cajas y los empleados permanecen en las oficinas. Tienen la instrucción de no interferir.
  2. Los empleados de la plaza de cobro dan aviso a las autoridades correspondientes. En el caso del Edomex, se notifica al Sistema de Autopistas.
  3. Los empleados no abandonan su puesto de trabajo hasta que los policías federales llegan para resguardar el perímetro. Excepto en casos de manifestación violenta.
  4. Muchas veces los grupos llegan agresivos, portando palos, tubos, machetes, piedras, incluso armas de fuego.
  5. Cada caseta cuenta con cámaras de seguridad. En los municipios de Chiapa de Corzo y Ocozocoautla, Chiapas, las casetas tienen herrería.

ARGUMENTAN DESOBEDIENCIA CIVIL

GUADALAJARA.- Luego de lograr que, con la constante liberación de una caseta, les dieran descuentos especiales a los conductores que a diario circulaban por la autopista de ingreso al oriente de Guadalajara, Michel González Ruiz, activista social, se convirtió en consejero de organizaciones dedicadas a la resistencia civil.

Desde que los concesionarios de la autopista a Zapotlanejo comenzaron a cobrarle para ingresar a su domicilio en Tonalá, González Ruiz, de oficio comerciante, se volvió activista para demandar el libre tránsito por todas las carreteras del país.

Amparado en los artículos 6, 7, 9 y 11 de la Constitución, su movimiento inició en 2011, impulsado por el entonces diputado priista Jorge Arana Arana, quien advertía que el entonces gobernador del estado, de extracción panista, no respondía a la demanda ciudadana de respetar el libre acceso a sus domicilios.

Derivado de obras de remodelación y ampliación de la autopista de ingreso al Oriente de Guadalajara, los concesionarios de la Red de Carreteras de Occidente (RCO) cobraron el paso por esas vialidades.

Después de ese conflicto, que se destrabó con el otorgamiento de calcomanías de descuentos y consideraciones especiales a los habitantes de las colonias afectadas, hacia mayo de 2016, surgieron otros grupos similares en distintos puntos del país, quienes contactaron a González para solicitarle asesoría en sus movimientos.

Así surgió la organización denominada Desobediencia Civil, que encabeza desde enero del 2017 González Ruiz.

Su primer acto público de protesta fue a principios de septiembre de 2016, con la toma de la caseta de Zapotlanejo (La Joya).

 

 

 

 

 

 

Fuente: Medios.

 

 

 

 

 

 Para fortuna suya, Manuel Bartlett Díaz cuenta con la confianza y el respeto presidencial. Eso dota al actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de una coraza de impunidad que lo libra de una historia de tropelías sin cuento, justo en el Gobierno de la supuesta transformación.

Y es que la suya es una trayectoria de más de 60 años –iniciada en 1962 como Secretario del legendario cacique Javier Rojo Gómez— que lo describe como un político prototípico del sistema priista, corrupto, abusivo, autoritario y represor.

Es ya lugar común que como Secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid (1982-1988) fue responsable directo en su calidad de presidente de la Comisión Federal Electoral del negro episodio conocido como “la caída del sistema”, que opacó los comicios presidenciales de 1988 en los que oficialmente ganó Carlos Salinas de Gortari. Y autor directo, confeso, del histórico fraude electoral de 1986 en el estado de Chihuahua, cuando personalmente diseñó desde su despacho de Bucareli el operativo que involucró a todas las maniobras conocidas para la manipulación del resultado electoral a favor del PRI, por encima de la voluntad de miles de ciudadanos que se resistieron durante más de tres meses a la imposición.

Bartlett Díaz, a quien el Presidente de la República dispensa ahora su confianza y su respeto, estuvo involucrado también en las amenazas a los directivos del semanario Proceso a través de su director de Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Martínez, documentada por Vicente Leñero, así como en el asesinato nunca cabalmente aclarado del columnista Manuel Buendía Tellezgirón en mayo de 1985.

Como hombre del sistema, su conducta nunca se distinguió de la que caracteriza a la clase política que gobernó al país durante 70 años. Un mero ejemplo de abuso y prepotencia, anecdótico pero significativo, se desprende de los reportes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS), conservados en el recientemente abierto Archivo General de la Nación, sobre las actividades de Carlos Salinas de Gortari desde mucho antes de ser Presidente y dados a conocer hace un par de meses por El Universal. Ahí se relata, por ejemplo, que el entonces Secretario de Programación y Presupuesto viajó el 25 de agosto de 1984 con su esposa e hijos en el avión NA-265 matrícula TP-12 del Estado Mayor Presidencial, el cual arribó a las 13:25 horas en Ixtapa- Zihuatanejo, Guerrero, donde “de inmediato se dirigió a la casa de visitas de Fonatur, donde también se encuentra el Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett”.

Dos días más tarde, el 27 de agosto, en otro reporte hecho por el mismo departamento de espionaje de la DFS se detalla que a las 15:36 horas “salió de la casa de visitas de Ixtapa-Zihuatanejo, el licenciado Carlos Salinas de Gortari acompañado por su señora esposa e hijos para dirigirse al Aeropuerto Internacional de esta localidad y abordar el vuelo 97 de Mexicana de Aviación de las 16:25 horas con destino a la Ciudad de México”. Y que una hora más tarde, a las 16:40 horas, a bordo del avión de la DFS llamado El Tigre, había salido con destino a la capital de la República “el Secretario de Gobernación, licenciado Manuel Bartlett Díaz, permaneciendo su familia en la casa de visitas”.

También como Gobernador de Puebla (1993-1999) Bartlett Díaz se distinguió por su mano dura y autoritaria, que incluyó la defensa de cacicazgos regionales, la imposición de alcaldes y la represión de movimientos populares como el de los colonos y los locatarios de mercados. Y también despojos electorales como el perpetrado en el municipio de Huejotzingo, donde la resistencia ciudadana de varios meses impidió finalmente la consumación del atraco.

Frustradas sus apariciones presidenciales en el año 2000, el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León lo hizo senador de la República y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en ese órgano legislativo. Seis años más tarde ocurrió su conversión al lopezobradorismo, lo que implicó su salida del PRI y su ingreso al Partido del Trabajo (PT), en el que hasta la fecha milita. Ello le valió ser nuevamente Senador entre 2012 y 2018 y hoy alto funcionario federal.

A toda esa historia se suma ahora la investigación prolijamente documentada de la reportera Arelí Quintero y difundida en el espacio radiofónico de Carlos Loret de Mola sobre las propiedades ocultas del actual director de la CFE, no incluidas en su declaración patrimonial. Se trata de 23 casas y dos terrenos, a nombre suyo, de sus hijos o de su actual compañera, cuyo valor se estima en unos 800 millones de pesos. Lo que equivale, según el reportaje, a unas 16 veces más el monto de 51 millones declarado por el funcionario.

 

 

 

 

Fuente: Medios.

 

 

 

 

 

 Una mujer se enfrentará al impuesto rosa desde el momento en que necesite un biberón, ya que el que es “para niña” puede costar hasta tres veces más que uno de color neutro. La lista de productos en los que este patrón se repite es larga y va desde cremas, shampoos y cepillos, hasta artículos que se han ido incorporando a “lo femenino”, como jabones “íntimos”, toallas “íntimas” o crema blanqueadora de rostro.

Son las versiones femeninas de artículos de los que hay versiones neutras o “para hombres” que son más baratas y no existe alguna ley que regule esa práctica. Únicamente hay consejos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

De acuerdo con académicas y diversos estudios internacionales, más que impuesto, se trata de un “sobreprecio” rosa y parte de la construcción social de lo que significa “ser mujer”, del mayor peso que tienen las mujeres en las compras y la publicidad, por lo que también puede ser catalogado como discriminación de género y económica.

Juguetes, instrumentos musicales, mochilas, máquinas para afeitar, pañales, desodorantes, cepillos, medicinas, rastrillos, una lima de uñas, biberones, jabones, ropa y servicios como tintorería y cortes de cabello, pueden incluso triplicar su precio bajo esta práctica.

“Las mujeres representan aproximadamente el 70 por ciento de las decisiones de compra a escala mundial. El ser las más activas en el mercado las convierte en un objetivo perfecto en las estrategias de consumo […] Justo esa estrecha vinculación entre la mujer y el hogar o lo doméstico, explica su mayor peso en las decisiones de consumo”, señaló la Profeco.

 

 

 

 

 

Fuente: Medios.

 

 

 

 

 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que deberían eliminarse los exámenes de admisión para fomentar “que haya comunicación, que se tengan relaciones entre alumnos, maestros.

“Es una comunidad y eso ayuda mucho, sobre todo en el caso de adolescentes que tienen problemas por desintegración en las familias, problemas en el primer hogar. La escuela es fundamental, pero si no pueden llegar a ese segundo hogar, ¿a dónde van?”, dijo en la conferencia de prensa matutina.

Al ser cuestionado sobre las acciones que su gobierno está llevando a cabo para que aumente la calidad en la educación superior, López Obrador señaló que el problema no es sólo el de la calidad de la enseñanza, sino el de la cobertura.

“Los dos hay que atenderlos, pero hay que garantizar que todos puedan estudiar, que no haya rechazado, eso hay que eliminarlo. La visión tecnocrática que quisieron imponer es muy deshumanizada y ¿saben qué?, muy ramplona, muy superficial, son, con todo respeto, muy desinformados. Entonces, sí mejorar la calidad”, afirmó en Palacio Nacional.

El presidente mencionó que sostuvo una reunión con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, quien le mostró que el 65% de los estudiantes de la UNAM eran provenientes de familias pobres o de clase media baja, mientras que el resto provenía de clase media, media alta y alta.

“Y le dije: ¿Sabe por qué?, por el pase automático. Y lo querían quitar. Si hubiesen quitado el pase automático, que insistieron mucho los conservadores, no fuese esa la composición, ¿cómo es a nivel nacional?, por los exámenes de admisión donde no hay pase automático, sólo el 50 por ciento son pobres y de clase media baja, el otro 50 por ciento clase media, media, clase media alta y alta en general”, explicó.

 

 

 

 

 

Fuente: Medios.

 

 

 

 

 

 

 Fomentar el uso correcto de internet entre jóvenes, es el objetivo del programa “Ciberprotegidos” que el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana realiza en coordinación con la Unidad Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Las coordinaciones regionales han iniciado las capacitaciones tanto a alumnos de preparatoria, así como a distintos funcionarios públicos, con el fin de replicar el mensaje y llegar a más personas.

Alumnos de Conalep en Huatabampo, Colegio de Bachilleres (Cobach) en Puerto Peñasco, Conalep de Navojoa, Cecyte I de Nogales, Cbtis 106 de Cananea, Secundaria Técnica 35 de Caborca, entre otros, son algunos de los beneficiados.

Este programa logrará impactar a más de 4 mil 400 estudiantes en el estado, logrando promover la prevención de los delitos cibernéticos como son el “sexting”, “ciberbullying”, “pishing”, “grooming” y estafas.

En el marco del programa MAS (Movimiento de Acciones por la Seguridad), “Ciberprotegidos” busca promover acciones positivas, para que los jóvenes den en uso correcto al internet y eviten caer en malas prácticas o ser engañados.

Si te interesa llevar esta plática a tu escuela, comunícate a nuestras redes sociales, en Twitter @prevencionson y en Facebook /prevencionsonora.

 

 

 

 

 

Fuente: Medios.

 

 

 

 

 

 El diputado del PES, Lázaro Espinoza Mendívil, manifestó su preocupación por la situación del sector pesquero en el estado, después de que el presupuesto de egresos que la Secretaria de Hacienda presentara ante el Congreso de la Unión contemplara la futura desaparición de programas que apoyan a esta comunidad.

De esta manera, expresó que también es necesario incorporar que el Poder Legislativo llame al congreso federal, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, se etiqueten apoyos para las actividades acuícolas y pesqueras.

“La situación es muy crítica, pero si el gobierno a nivel federal se empeña en realizar este recorte presupuestal, el panorama a futuro es muy oscuro”, afirmó el representante del distrito II.

Igualmente, Espinoza Mendívil propuso que se anexara a la iniciativa de la diputada Rosa María Mancha Ornelas, un exhorto al titular estatal del Poder Ejecutivo para que dentro del próximo Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal, se destinen recursos que fortalezcan el seguro de vida para pescadores ribereños.

 

 

 

 

 

Fuente: Medios.

 

 

 

 

 

 

Hace 209 años, hombres y mujeres se manifestaban a favor de la libertad y de la igualdad en un territorio que había alcanzado un gran crecimiento económico pero que solo beneficiaba a los españoles y a un grupo selecto de autoridades, comerciantes y terratenientes. Las condiciones de las mayorías eran lamentables, las oportunidades de trabajo escasas, los salarios inequitativos, prevalecían los trabajos forzados, los tributos eran altos y las condiciones de igualdad social inexistentes.

Por ello Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Mariano Abasolo, Juan Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez, José Miguel Domínguez, Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero y otros, habrían de alzarse en armas para luchar por la independencia de México, pero también para acabar con los excesos del poder.

Hoy millones de mexicanos nos levantamos para buscar el pan que permita el sustento de nuestras familias. En México andamos rondando los 126 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 26 millones están trabajando formalmente y 30 millones de mexicanos lo hacen en la economía informal, según cifras del INEGI. Los que pagamos el Impuesto Sobre la Renta en México trabajamos casi cuatro meses para sostener el presupuesto público y lo que se nos ingresa el resto del año es para satisfacer nuestras necesidades y las de nuestras familias.

Los contribuyentes hacemos enormes esfuerzos para reducir costos de operación de nuestras labores profesionales o micro empresariales. En cambio, es común ver a ciertos funcionarios públicos de los tres niveles de Gobierno y de los tres Poderes, aún en tiempos de la cuarta transformación, sentados en vuelos de primera clase, con escoltas, en carros ostentosos para su uso los 365 días del año, gastando millones de pesos en su imagen política o creando fundaciones que son financiadas con recursos públicos. Además, si uno revisa los sueldos de ciertos funcionarios públicos con sus propiedades, negocios y cuentas bancarias, toca el cero y no da.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) planteó que México es uno de los países en los que la riqueza está peor distribuida pues de todos los activos financieros en México el 80 por ciento es propiedad de sólo el 10 por ciento de las familias del país, de las cuales, un 1 por ciento acaparan más de un tercero.

Del mismo modo, el número de personas en situación de pobreza en 2018 fue de 52.4 millones de mexicanos, cantidad mayor en 2008 que fue de 49.5 millones, informa el CONEVALEn este sentido, hay 25.2 millones de personas que no estudian, de los cuales, el 33 por ciento es por falta de dinero; mientras que 30 millones mexicanos mayores de 15 años están en rezago educativo; es decir, que no tienen escolaridad o no concluyó la secundaria, señala el INEGI en un reporte presentado en junio de 2017.

Ahora bien, un elemento clave del gasto público es la transparencia y rendición de cuentas. México cayó en el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público, elaborado por Transparencia Internacional en 2018. En 2015 el país se ubicó en el lugar 95, y en 2018 pasó al sitio 138, entre 180 países analizados. Eso significó una caída de tres lugares respecto del año anterior y coloca a México como el país más corrupto entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y del G-20 junto con Rusia.

Asimismo, de acuerdo al último Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía realizado por el INE y el Colegio de México, 66% de los mexicanos cree que las leyes en el país se cumplen poco o nada. Este informe muestra que México se encuentra en un complejo proceso que se caracteriza, en términos muy generales, por una desconfianza en las autoridades, especialmente en legisladores, partidos políticos, sindicatos, policías y, en general, un desencanto por los resultados que ha tenido la democracia.

Si esto no cambia, seguirán pagando los platos los mismos con una clase política que no le gusta rendir cuentas y que se beneficia del recurso público para sus intereses partidistas o personales.

Ahora bien, las mediciones de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública reflejan un aumento constante en el porcentaje de mexicanos que percibe a su estado como inseguro, al pasar de 66.6% en 2012 a 79.4% en 2018. Recientemente, el Semáforo de Delitos de Alto Impacto en el país evidenció que, entre enero y marzo de 2019 el secuestro se disparó 550%, la extorsión aumentó 127%, el robo a negocio 62%, homicidios 48%, robo de vehículo 46% y narcomenudeo 31%. Y aún ante estos tristes escenarios, el gasto en seguridad pública en nuestro país ha sido de 1 % del PIB, en promedio, de 2008 a 2019. ¿No es la principal función del estado dar seguridad a sus ciudadanos?

Nuestros héroes de la Independencia lucharon y dieron su vida para eliminar los excesos de poder de la clase gobernante que había imperado por más de tres siglos. Si los reviviéramos y observaran la realidad de la clase gobernante actual: ¿Gritarían Viva México?

Para construir un mejor país se requiere la participación activa de los mexicanos en la realidad comunitaria y pública. De nosotros depende propiciar las bases para la transformación de nuestra sociedad que permita mejores niveles de vida para todos. Haciendo lo mismo, seguiremos en un México del siglo XX y no del siglo XXI. Por las nuevas generaciones, salgamos de nuestra apatía e indiferencia y reconstruyamos el tejido social de nuestras comunidades. México es mucho más que su clase gobernante y nuestras vidas son algo más que sólo trabajo y familia. Cada uno de nosotros tiene talentos que aportar como ciudadano. La pelota está de nuestro lado para seguir gritando con valentía y esperanza: ¡Viva México!

 

 

 

 

 

Fuente: Medios.

 

 

 

 

 

Las modificaciones a la NOM-184-SCFI-2018, que entraron en vigor el 4 de septiembre, obligaron a las compañías de telecomunicaciones a registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sus contratos y con ello las telefónicas como Movistar, Telcel, AT&T o Unefon, deberán bonificar a sus usuarios cuando se vean afectados por fallas en la prestación del servicio.

“La NOM-184-SCFI-2018, obliga a los proveedores de servicios a registrar ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) los contratos de adhesión bajo los cuales comercializarán sus actividades y faculta a la Profeco para valorar que las penas sean razonables, reciprocas, equitativas y proporcionales, entre otros elementos novedosos”, afirmó la Procuraduría en un comunicado.

La dependencia destacó que a cuatro años de la creación, la Subprocuraduría de Telecomunicaciones de Profeco se han atendido 118 mil 626 reclamaciones.

Las principales quejas que se han recibido han sido por la negativa del proveedor a entregar el servicio contratado, este lo hace de manera deficiente o cobra productos o servicios no solicitados por el consumidor.

 

 

 

 

 

Fuente: Medios.

 

 

 

 

 

 

Siete de cada 10 inhabilitaciones del fuero federal entre enero de 2015 y agosto de 2019 fueron impuestas a funcionarios adscritos a 14 instituciones gubernamentales, entre las que destacan Bansefi, Diconsa, Sagarpa, Sectur, Sedesol, Semarnat, SEP, SFP y Telecomm.

En ese mismo periodo, al menos 547 funcionarios públicos fueron inhabilitados por el Gobierno federal, según datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Las inhabilitaciones (648) registradas en ese periodo representan el 3.7 por ciento de los delitos del fuero federal (17 mil 678) de funcionarios públicos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La lista de “sanciones administrativas definitivas” de la SFP indica que sólo en lo que va de 2019, hubo 66 inhabilitaciones a nivel estatal y federal. Sin embargo, la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, ha dicho que durante los primeros seis meses del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo cerca de 400 registros, que forman parte de las más de 2 mil sanciones adjudicadas entre diciembre de 2018 y julio de 2019, además de la aplicación de multas acumuladas durante el periodo, por más de 5 mil millones de pesos.

En los primeros nueve meses del año pasado, por ejemplo, el Gobierno federal registró 897 inhabilitaciones, así como sanciones económicas acumuladas por un total de 956 millones de pesos. Esto es 33 por ciento más inhabilitaciones proporcionales por mes (100 casos) durante 2018, en comparación con 2019 (67 casos), y 83 por ciento menos ingresos por multas proporcionales por mes (106.2 mdp) en 2018, comparado con 2019 (625 mdp).

La diferencia de datos en el listado de sanciones y lo expresado por Sandoval podría deberse a que los datos reflejan “exclusivamente” lo que es reportado por los Órganos Internos de Control y debido a que la información registrada, puede variar “debido a modificaciones o a las anotaciones que se hacen de medios de impugnación” por parte de los funcionarios públicos, según lo establecido en el instructivo del Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS).

Entre enero de 2015 y agosto de 2019, las causas de inhabilitación en dependencias federales más comunes fueron la “negligencia administrativa” por parte de servidores públicos (407 casos), “abuso de autoridad” (93 casos), “violaciones a procedimientos de contratación” (51), “incumplimientos en declaraciones patrimoniales” (33 casos) y la “violación a leyes y normatividad presupuestal” (25 casos).

Además hubo 39 funcionarios públicos separados de su cargo por el “ejercicio indebido de funciones en materia migratoria” y “cohecho y extorsión”, así como “violaciones a los derechos humanos” y la comisión de “otros” ilícitos e irregularidades.

INVESTIGACIÓN Y SANCIONES

En México hay cuando menos 1 mil 397 personas inhabilitadas por delitos del fuero común y federal, según el RSPS. Lo anterior implica un total de 1 mil 722 sanciones administrativas definitivas y en curso a nivel nacional, sin considerar amonestaciones públicas y privadas, destituciones, suspensiones y sanciones económicas.

Más allá de la información pública de la SFP, todos los procedimientos e investigaciones en contra de servidores públicos que están en trámite, que hayan sido resueltos con sanción pero estén en periodo o procedimiento de impugnación, y aquellos concluidos que no hayan derivado en una sanción constituyen información “confidencial”, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Artículo 110, fracción V).

Por lo anterior, el número de inhabilitaciones podría ser mayor a la información difundida por la SFP. Además, la información acerca del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), de Prevención y Readaptación Social, de la Policía Federal (PF), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Servicio de Protección Federal “se encuentra clasificada como reservada” en términos de lo dispuesto en la citada Ley (artículos 110 y 113, fracción V en ambos casos).

En la respuesta a la solicitud de información número 0002700257919, la SFP está impedida para dar información adicional a la del RSPS, salvo por el caso del ex titular (2012-2015) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, sobre quien pesa una sanción económica “firme” sin registros de medios de impugnación, por un monto de 638 mil 653.33 pesos correspondientes al “abuso de autoridad”.

Un mes antes de dicha resolución, el día 30 de marzo de 2015, Korenfeld utilizó un helicóptero de la Conagua para fines personales. Nueve días más tarde, el político priista tuvo que renunciar a su cargo y el 30 de abril, la SFP le impuso la multa sin procedimiento de inhabilitación del ex servicio público.

DELITO EN LAS INSTITUCIONES

Entre los servidores públicos más sancionados a nivel federal estuvieron el ex Alcalde interino de Morelia (2007) en Michoacán, Carlos Macouzet Zamacona, y el otrora gerente de operación (2012) del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), Cesar Alberto Villalon Cubillo, quienes tuvieron 32 y 31 registros de sanción en menos de cinco años, por negligencia administrativa.

Además de ellos hubo 26 ex funcionarios que tuvieron entre dos y seis sanciones de inhabilitación, entre enero de 2015 y lo que va de 2019. Y según la información oficial, el 67 por ciento de las inhabilitaciones (434 de 648 casos) fueron cometidas por servidores públicos adscritos a 14 instituciones que dependen directamente del Gobierno federal.

Los funcionarios del Fonhapo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de Telecomunicaciones de México (Telecomm), de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF) y del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) tuvieron los mayores niveles de incidencia con 66, 55, 53 y 34 casos, respectivamente.

Sin embargo, cuatro secretarías de Estado (Sagarpa, Semarnat, SEP y SFP) y cuatro institutos federales (IMSS, INAPAM, INM e ISSSTE), además de Diconsa y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y Empresas de Participación Accionaria de la Secretaría de Turismo (Sectur) tuvieron entre 20 y 27 funcionarios públicos inhabilitados, cada una, en un periodo de 4.7 años.

En total hubo 84 instituciones del Gobierno federal cuyos funcionarios públicos fueron inhabilitados por incurrir en faltas administrativas. De las instancias que emitieron las sanciones, los Órganos Internos de Control (OIC) originaron el 97 por ciento de las inhabilitaciones (628 de 648) registradas entre enero de 2015 y agosto de 2019.

Los OIC representan a la SFP al interior de las diferentes dependencias gubernamentales, con la finalidad de “prevenir, detectar y abatir los actos de corrupción” y promover “la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos” mediante auditorías y revisiones a los diferentes procesos institucionales, así como a través de la atención de quejas y denuncias ciudadanas, refiere la información del Gobierno federal.

El tres por ciento restante de las inhabilitaciones fue originado por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP –que lleva el registro de funcionarios públicos sancionados– y por la Contraloría Interna de cada una de las dependencias federales.

 

 

 

 

 

Fuente: Medios.

 

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