Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), cumplieron con el mandato ordenado por el Juez de lo Penal.

A las 02:05 horas aprehendieron a Óscar “N.” y Jonathan Daniel “N.”, al figurar en la causa penal 2995/2019 luego de las investigaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia.

Los imputados fueron ingresados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, para quedar a disposición del Juez de Control, quien procederá de acuerdo con lo establecido con la Ley.

El Juez decretó la imputación en los delitos para ambas personas y la prisión preventiva oficiosa y justificada, por el riesgo a la víctima, las defensas de las dos partes solicitaron la ampliación a 144 horas, por lo que la audiencia quedó para las 13:00 horas del próximo sábado 16 de noviembre.

La agraviada, de quien se omite su nombre por protección, denunció los hechos suscitados la noche del pasado 7 de noviembre al Norte de la ciudad, en los cuales señaló a dos agentes de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo como los responsables de los delitos cometidos contra ella.

Expuso que fue abordada por dos personas, quienes viajaban en una patrulla, luego de que le marcaron el alto cerca de la Comandancia San Bosco, fue llevada a un paraje a bordo de su vehículo particular, donde, según consta en la denuncia, cometieron el delito de violación.

Indicó que la dejaron incomunicada al ser despojada de su teléfono celular, con otras pertenencias, y estuvo privada de su libertad por varias horas, todo mientras los presuntos responsables portaban a la vista las armas de fuego de cargo.

Una vez que fue liberada, acudió a su vivienda y con el apoyo de su familia fue llevada a denunciar los hechos en el Centro de Atención Temprana de la FGJE, donde se le brindó ayuda psicológica y se procedió a investigar el caso que derivó de la orden de aprehensión.

 

 

 

 

 

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 En punto de las 15:00 horas, al menos 5 unidades del FBI fueron recibidas en territorio mexicano por elementos de la Policía Federal, en el cruce fronterizo Agua Prieta-Douglas.

Inmediatamente se formó un convoy de aproximadamente 12 patrullas de la Policía Federal que escoltó a las unidades del FBI hasta el aeropuerto de Agua Prieta, ubicado en la carretera a Moctezuma.

Ahí se reforzó la seguridad e incluso, el tráfico permaneció detenido en ambos sentidos, mientras los agentes norteamericanos abordaban un helicóptero oficial también de la Policía Federal, rumbo a Bavispe, Sonora. Después del acuerdo realizado con el gobierno del estado para coadyuvar en las investigaciones de la masacre de la familia Lebarón en esa región, donde 6 niños y 3 madres de familia fueron acribillados por el crimen organizado.

 

 

 

 

Fuente: Medios.

 

 

 

 

 

“No conocen nuestra versión, el otro lado de la moneda”, expresan al compartir sus testimonios de lo que ha sido su peregrinar para que se les reconozca también como víctimas de la Guardería ABC.

Para calmarlas, ese día del accidente, los doctores les dieron Clonazepam y Sertralina, medicamentos para atender ataques de pánico y estrés postraumático. Actualmente algunas todavía consumen fármacos para superar el trauma.

Las maestras solicitaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) las reconociera como parte de los agraviados, pero su petición fue rechazada

Además, no cuentan con una pensión digna y, al no soportar la carga emocional, sus vidas familiares se han visto gravemente afectadas.

Las educadoras desconocen si la Fiscalía General de la República (FGR), al reabrir la investigación del caso, les imputará algún delito por acción u omisión en el incendio de la guardia subrogada por el IMSS, pues como ellas dicen: “no somos culpables”.

Actualmente no han sido notificadas en caso de que se requiera ampliar su declaración.

Es por ello que llevaron su reclamo a Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la esperanza de encontrar una solución a los problemas con los que cargan desde hace más de una década.

PIDEN SER RECONOCIDAS COMO VÍCTIMAS

Alma Dinorah Lucero Banda, Perla Alejandra Moreno Olguín, Mónica Alejandra Tanori Garibay, Ana Dignorah Valenzuela Nieblas y Guadalupe Bobadilla Pardo, cinco asistentes educativas, y Sylvia Edith Torres Ruiz y María Eugenia Galvez, dos trabajadoras de las 42 empleadas que laboraban en la guardería, decidieron mandar una carta al jefe del Ejecutivo.

Las exigencias de las educadoras son una pensión digna, acceso al CAICE, que se les reconozca como víctimas y que se les repare el daño de manera integral

Tres pidieron apoyo a su familia y a conocidos para poder viajar a la ciudad de México. Su objetivo, entregarle la misiva al presidente López Obrador con tres demandas.

Una pensión digna, ya que cuatro de ellas no tienen ese beneficio y el resto recibe entre 700 y mil 300 pesos mensuales.

Que todas tengan acceso al Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) del IMSS, ya que solo dos tienen esa prestación.

Que se les reconozca como víctimas y que se repare el daño de manera integral porque fueron diagnosticadas con estrés postraumático.

“NO SOMOS CULPABLES”, TRABAJADORAS DE GUARDERÍA ABC

A las maestras no las liquidaron conforme a la ley. “No tengo dinero y no tengo cómo pagarles”, recuerdan que les gritó Sandra Luz Téllez, una de las socias de la guardería.

“Nosotros qué íbamos a hacer, ni modo de pelear por algo económico, era más grande el dolor”, señala Perla Alejandra Moreno Olguín.

A los dos meses, presionaron a Mónica Alejandra Tanori Garibay para firmar el finiquito.

A 10 años de distancia puedo decir que fue una injusticia lo que vivimos ahí, lo que nos hicieron a nosotras, porque violaron nuestros derechos humanos – Mónica Alejandra Tanori Garibay. Ex asistente educativa de la Guardería ABC

Las maestras rindieron su declaración ante la entonces PGR; participaron en la reconstrucción de hechos y dieron su testimonio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que realizó una investigación.

“Todo el mundo se acercó solo para usarnos. Se acercaron los ministros para usarnos, para sacarnos información. Se acercó mucha gente nada más para usarnos y criticarnos y después nos echaron la culpa en lugar de echarle la culpa a quienes causaron el incendio”, lamenta Lucero Banda.

Luego llegaron las dificultades para volver a conseguir empleo. Perla Alejandra Moreno intentó colocarse en otras dos guarderías, pero no logró trabajar nuevamente como asistente educativa. Los dos días que fue a trabajar no podía dejar de llorar. Hoy es ama de casa. No tiene un ingreso económico ni pensión.

Por su parte, Alma Dinorah Lucero Banda se desempeña como recepcionista en una oficina; su pensión es de mil 300 pesos.

“A todos los trabajos donde íbamos nos tachaban como maestras ABC, como si no sirviéramos para trabajar”.

Mónica Alejandra Tanori Garibay estudió leyes para defenderse, para pelear por sus derechos y levantar la voz. Logró que le otorgaran una pensión de 700 pesos mensuales.

“Queremos que se nos reconozca como víctimas porque nosotros no somos culpables, también somos víctimas, también vivimos lo mismo”, clama Perla Alejandra Moreno Olguín.

DEPENDER DE LOS MEDICAMENTOS

Alma Dinorah Lucero Banda cuidaba a 40 niños en el área de Lactantes C. Tenía ocho años trabajando ahí.

El día del incendio salió a una cita médica. Cuando regresó a la guardería la mandaron al Hospital Privado “Centro Internacional de Medicina” (CIMA) para reconocer a los lesionados. Iba muy alterada.

Maestras que laboraban en la Guardería ABC y vivieron el incendio recibieron Clonazepam para ayudarlas a tranquilizarse, 10 años más tarde, muchas de ellas siguen tomando este tipo de medicamentos en su intento por superar el estrés postraumático

Le dieron una “pastilla” para calmarla y que pudiera completar una tarea: identificar a los niños fallecidos. Le puso nombre y apellido a 21 de 22.

Lo que vivió esas horas aún la atormenta. Recuerda los zapatitos formados en fila. La atendieron psicólogos y psiquiatras porque tenía días sin dormir, finalmente le recetaron Clonazepam.

Por sufrir de estrés postraumático, Alma no atendió debidamente a su hija que ahora tiene 13 años. “La olvidé”, dice llorando.

Además su matrimonio terminó. “Mi esposo no me aguantó y me divorcié” porque sufría recurrentes crisis de ansiedad. Actualmente le recetaron Paroxetina, un antidepresivo.

A Perla Alejandra Moreno, de 33 años y quien estaba asignada a la sala Maternal A, también la enviaron al CIMA. Ella regresó a la guardería después de su turno para ayudar.

En ese momento le dieron Clonazepam para tranquilizarla y que pudiera reconocer a niños con lesiones severas. La marcó verlos hospitalizados.

Durante seis meses la joven durmió en el cuarto de sus padres con la luz prendida. Recordaba todo lo que vio en el hospital. Se la pasaba observando las fotografías de sus alumnos.

Entonces le prescribieron Sertralina y un doctor le dijo que por tanto medicamento se le pudo dañar la memoria ya que ahora no recuerda algunas situaciones

La joven se casó pero poco después cuenta que se separó un tiempo de su esposo por su estado de salud mental.

Confiesa que con su familia era muy agresiva. Aunque retomó su relación, dice que hay días en que no se quiere levantar de la cama.

Mónica Alejandra Tanori Garibay identificó a niños fallecidos en el hospital y en la morgue. Ahora desvía la mirada y evita dar detalles de lo que vivió en esas horas porque la mayoría de los niños de su sala, la maternal B2, fallecieron

Duró dos años sin dormir sola, debía tener la luz prendida. Suspendió la toma Citalopram (antidepresivo) y de Alprazolam (para trastornos de ansiedad) para lograr embarazarse en el 2010.

Tanori Garibay llora porque no pudo acompañar a su hijo a las actividades de preescolar porque se sentía muy afectada emocionalmente.Hoy está separada de su esposo y toma Alprazolam.

Para la psiquiatra Carmen Álvarez Icaza González no todas las personas que están expuestas a un evento trágico o violento desarrollan el estrés postraumático; pero en caso de que se presente y si se sienten amenazados pueden revivirlo como con pesadillas, recuerdos frecuentes, sensación de que el evento se puede volver a repetir, tener insomnio o sentirse ansioso.

“Muchas veces hay personas que después de un año de tratamiento farmacológico y de una terapia pueden remitir los síntomas, pero hay personas que pueden tener un efecto muy severo y realmente requieren un tratamiento farmacológico y terapéutico más prolongado”.

ESPERANZA DE JUSTICIA

Las maestras demandan que se cumpla la recomendación 49/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en donde se pide, entre otros aspectos, que el IMSS brinde atención integral a los menores lesionados y a sus familiares, pero también a los trabajadores.

Tomen las medidas conducentes a efecto de que los trabajadores de la Guardería ABC, S. C., que resultaron afectados con motivo de los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 se les brinde la atención médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica, psicológica y de rehabilitación de por vida – Recomendación 49/2009 De La Comisión Nacional De Los Derechos Humanos

Lucero Banda ha tenido el servicio del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) de forma intermitente. En algunas ocasiones ha tenido que pagar sus medicamentos y atención psicológica.

A Perla Alejandra Moreno Olguín y a Mónica Alejandra Tanori Garibay les quitaron el apoyo desde 2015.

Después de entregar su petición, la Comisión les indicó que el personal que laboraba en la estancia tiene la calidad de garante respecto de los niños y niñas, es decir, “es responsable de brindar auxilio y protección ante situaciones de inminente peligro”, como lo fue el incendio.

“De conformidad con lo previsto en el artículo 4, párrafo cuatro de la Ley General de Víctimas, la acreditación del daño es un requisito indispensable para el reconocimiento de la calidad de víctima, en el presente caso no se cumple con dicho requisito legal”, se lee en la resolución de la CEAV donde resolvió que era improcedente la petición.

Las asistentes educativas anunciaron que interpondrán un amparo y denunciaron que la CEAV fue insensible porque no se les notificó de la resolución, además de que les entregaron el mismo documento al que solo le cambiaron el nombre de cada una.

REABRIRÁ FGR INVESTIGACIÓN DE GUARDERÍA ABC

El 2 de septiembre, tras sostener una reunión a puerta cerrada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, padres de la guardería ABC informaron que la Fiscalía General de la República (FGR) reabrió la investigación.

En Hermosillo, Sonora, Zoé Robledo, director general del IMSS, señaló que el 22 de agosto se ratificó la denuncia ante la Fiscalía General de la República, en la que solicitan que se consideren los elementos del proyecto del ministro Arturo Zaldívar y la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Piden que se investigue a 14 a personas de todos los niveles de gobierno, además del exgobernador priista Eduardo Bours, quien se deslindó de los hechos y dejó el problema en manos federales y particulares como las de los dueños de la Guardería ABC.

En un intento porque se les reconozca su calidad de víctimas, trabajadoras de la Guardería ABC han acudido hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recibió una carta con sus peticiones pero no ha dado respuesta

El viernes 1 de noviembre, las maestras se apostaron afuera de Palacio Nacional y esperaron hasta que salió el presidente para inaugurar en el Zócalo capitalino la ofrenda monumental del Día de Muertos “Altar de Altares”. Tras varios intentos lograron llamar su atención.

“Somos maestras ABC, somos maestras ABC”, le gritaron. López Obrador se acercó y las saludó. Siguen a la espera de una respuesta.

 

 

 

 

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La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, solicitó de manera formal y respetuosa a la Fiscalía General de Justicia del Estado, tramitar la colaboración y respaldo del FBI (Federal Bureau of Investigation) en las investigaciones sobre los lamentables hechos ocurridos contra la familia LeBarón y Langford en la sierra de Sonora y Chihuahua.

Pavlovich Arellano informó que derivado de los encuentros que sostuvo esta semana con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau y el gobernador de Arizona, Doug Ducey, y ante el ofrecimiento para colaborar de manera conjunta, en un marco de respeto constitucional, fue que solicitó a la fiscal del Estado, Claudia Indira Contreras, hacer efectivo este acuerdo de colaboración que respalde y fortalezca las investigaciones.

Reiteró su repudio a este acto contra inocentes, y reconoció la necesidad de una colaboración efectiva entre todos los niveles de Gobierno y del FBI, quien ha ofrecido su colaboración respetuosa y apegada a la legalidad, al tratarse de ciudadanos norteamericanos las víctimas.

A raíz de la solicitud hecha por la gobernadora de Sonora, en el ámbito de coadyuvancia entre autoridades federales y locales, puso a su consideración el solicitar el respaldo de autoridades internacionales del FBI en los términos de tratados y convenios internacionales suscritos por Estados Unidos de Norteamérica y la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que realice las gestiones necesarias para el apoyo técnico, tecnológico y acompañamiento en la investigación de este caso.

De igual forma y por involucrar presumiblemente delitos del fuero federal, la Fiscalía General de Justicia del Estado, hizo entrega hoy del desglose triplicado de la carpeta de investigación sobre estos hechos a la Fiscalía General de la República, con lo que se trabajará de manera coordinada y de colaboración para esclarecerlo.

 

 

 

 

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En presencia de Miguel Pompa, secretario de Gobierno, Cruz Isaac Muñoz Navarro, comandante de la cuarta Zona Militar y demás integrantes de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz; David Anaya Cooley, secretario de Seguridad Pública, recalcó que se está haciendo un esfuerzo conjunto entre autoridades de Sonora y Chihuahua, con apoyo de fuerzas federales, por incrementar la presencia en las regiones colindantes de ambas entidades para dar tranquilidad a los ciudadanos que ahí habitan.

“Es muy importante señalar que las comunidades que tenemos en la línea fronteriza entre Sonora y Chihuahua, hay que hacer un ejercicio y un esfuerzo para darles la tranquilidad a nuestros pobladores en estas localidades, y es así que a la vez ellos puedan tener la tranquilidad de las comunidades que correspondan a su estado, por ello es importante generar la sinergia para redoblar los esfuerzos necesarios y precisamente prevenir las situaciones que vivimos hace un par de días”, aseveró Anaya Cooley.

Acompañado por Saúl Miranda Suárez, jefe de inteligencia de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua; y de Hugo Méndez Castellanos, jefe de la Policía Ministerial; el comisionado Estatal de Seguridad de Chihuahua, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó la sinergia que existe con el Gobierno de Sonora para definir estrategias concretas para hacer frente a hechos delictivos en la franja fronteriza de ambos estados.

“Iniciamos un operativo conjunto, de hecho Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional que se encuentran en el estado de Chihuahua, la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado arribamos junto con las autoridades de Sonora y hemos estado trabajando, en este momento tenemos 50 elementos desplegados en esta zona de Bavispe, tenemos un helicóptero del Gobierno de Estado de Chihuahua, y hemos estado trabajando de la mano, ya se acordaron otras estrategias que se estarán realizando durante estos días, no dejaremos este tipo de áreas sin trabajar”, señaló.

 

 

 

 

 

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Los integrantes de la Mesa de Seguridad, integrada por los tres niveles de gobierno, informaron que en la madrugada de hoy, un grupo armado atacó a los abordantes de un vehículo que transitaba por esa zona serrana que también conduce al municipio de Yécora, Sonora.

En el lugar quedó sin vida una mujer, mientras que un hombre resultó con lesiones por impactos de bala y otro más salió ileso.

El hermano de la víctima solicitó apoyo, por lo que de inmediato se trasladaron los servicios de emergencias y salud para atender al lesionado. Al sitio arribaron periciales y personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal para iniciar las averiguaciones correspondientes.

 

 

 

 

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 La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó un operativo con elementos de Guardia Nacional, del Ejército y de la Policía Estatal.

La SSPC informó a través de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz en Sonora que se instruyó el reforzamiento del estado de fuerza en Bavispe con motivo de las denuncias sobre la desaparición y agresión a varias personas que se desplazaban a La Mora.

 

 

 

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Se informó, directamente a la oficina de la Fiscal General Claudia Indira Contreras, de la solicitud de apoyo ante el posible secuestro del empresario Luis Ramón “N.”, originario de República Dominicana y radicado en Nueva York, Estados Unidos.

La víctima fue privada de la libertad por varias personas en la localidad de Eloy, Condado de Pinal, Arizona, luego de ser sometida y transportada en el maletero o cajuela de un vehículo, siendo trasladada a Nogales, Sonora.

Con base a la información recabada entre el FBI, Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Unidad Especializada al Combate del Secuestro (UECS), de la  FGJE de Sonora, se estableció que los responsables, después de cruzar la frontera,  se trasladaron a Hermosillo, pero en el trayecto contactaron a un hermano del perjudicado, radicado en Orlando, Florida.

Le exigieron hasta 500 mil dólares (más de 9 millones 500 mil pesos), para dejar en libertad a Luis Ramón “N.”, pero contestó que por lo pronto trataría de conseguir 350 mil dólares (alrededor de 6 millones 650 mil pesos).

Para ello, expuso el hermano de la víctima, vendería algunas de las pertenencias; agentes de la Fiscalía de Justicia de Sonora realizaron un operativo de búsqueda, logrando ubicar el vehículo de los presuntos.

Ya en Hermosillo, tras trabajo de inteligencia, se detectó un Honda CRV modelo 2009, donde se rescató sano y salvo al perjudicado, y se detuvo en flagrancia delictiva a quien se identificó como José Antonio “N.”, originario de Chihuahua.

Por secuestro agravado y posesión de arma de fuego, ya que se encontró en el vehículo una pistola calibre .45, se detuvo al probable responsable, además de que traía a la víctima en el automóvil.

Después de ser rescatado, Luis Ramón “N.” se contactó con sus familiares y fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) Delegación Sonora, para los trámites correspondientes.

El imputado, el arma de fuego y el vehículo asegurado, como materias de delitos, fueron puestos a disposición de la  Fiscalía General de la Republica para el proceso federal conducente.

 

 

 

 

 

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Ayer por la tarde, a las 17:07 horas se reportó el hallazgo de una persona sin signos de vida en la vía pública, en las calles Capomo Final sur, de la colonia Nuevo Hermosillo.

Elementos de la Policía acudieron al sitio, donde se percataron del cuerpo de una persona de 27 años, del sexo masculino, quien presentaba signos de violencia; se resguardó el área para que elementos de Periciales realizaran las indagatorias del hecho.

 

 

 

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Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la FGJE de Sonora, manejó con secrecía el operativo de su detención, a fin de lograr una aprehensión exitosa, cumplida a las 15:00 horas del lunes 28 de octubre.

Estuvo  internado en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) de esta ciudad de Hermosillo, por acopio de armas, posesión de cartuchos para armas de fuego exclusivas del Ejército, a donde ingresó el 9 de noviembre de 2012.

Se dio cumplimiento al oficio de colaboración número 5295/D.1/2019, fechado el 26 de octubre, entre la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León con la Sonora, donde se indica que el imputado es requerido por un Juez.

Una vez que se aseguró a Yair “N.”, “El Chicano”, agentes ministeriales de Sonora lo entregaron a sus homólogos de Nuevo León, previa revisión médica y respetando sus derechos humanos, para salir a las 17:00 horas vía aérea a Monterrey.

Yair está identificado, tanto por autoridades estatales de Nuevo León como del Gobierno Federal, como quien era el cabecilla de un grupo criminal que operaba en la ciudad regiomontana con extrema violencia.

Se le acusa de participar de manera directa en por lo menos 21 homicidios, muchos de los cuales los realizó entre 2010 y 2011 con armas de alto poder exclusivas del Ejército e incluso, en algunas ocasiones, con granadas de fragmentación.

 

 

 

 

Fuente: Medios.

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